Un grupo de vecinos, liderados por un dirigente político, pretende la aplicación  de una norma, contenida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que permite la convocatoria a una reunión para analizar un tema específico de interés comunal. La norma se enmarca entre aquellas que incentivan la participación ciudadana en la gestión pública.

Si se tratara de un foro que facilite un serio y civilizado intercambio de ideas, como imaginó el legislador, perfecto. Esta suerte de  “cabildo”, si quiere dársele un nombre más rimbombante, puede  igualmente efectuarse en lugar público, convocado por los interesados y con cobertura mediática, como sucede