A raíz de la última decisión de la COREMA Metropolitana, en orden a aprobar la declaración de impacto ambiental de la empresa Metrogas, para la instalación de la planta de respaldo de gas en Peñalolen, ha surgido la polémica respecto a eventuales presiones de autoridades de gobierno.

La duda existe, más aún después de conocer el oficio enviado por dos ministros a la Municipalidad de La Reina, para abogar por la aprobación de obras para la construcción de un gasoducto. ¿Pueden funcionarios de la COREMA sustraerse a la voluntad de dos ministros del mismo gobierno que paga sus remuneraciones?
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