
En una
columna publicada hoy por La Nación, Paola Vasconi, del programa de medioambiente de la
Fundación Terram, considera que el seguimiento y la fiscalización de las Resoluciones de Impacto Ambiental (RCA) de
CONAMA, es uno de los problemas más graves de la institucionalidad ambiental. Argumenta con datos de dicha Comisión del 2005: ???de los 5 mil 534 proyectos aprobados dentro del SEIA, durante el período 1999-2004, sólo mil 600 han sido inspeccionados, lo que significa que 71% de los proyectos aprobados no han sido fiscalizados???.
En otra
columna publicada por el mismo diario también hoy, Cristián Gutiérrez, de la campaña salmonicultura de
Oceana, cree que en Chile existe una visión errada del concepto de sustentabilidad, que permite que las empresas, productoras y contaminantes, generen sus estándares y acuerdos de producción limpia. ???Así, se borra del mapa el rol que le corresponde a la autoridad pública en esta materia, sobre todo considerando su papel fiscalizador, tan necesario en estos tiempos donde las decisiones se toman exclusivamente desde la esfera privada. Con esta filosofía se asienta el precedente de dejar a la mera ???voluntad??? de las empresas, decisiones que deben estar en el campo de las políticas públicas???.
Agrega que durante el 2004 sólo se revisaron 20 proyectos relacionados con centros de cultivo de salmón, que corresponde a 5% del total de centros que tiene esta industria ???la segunda del mundo- en las aguas del país.
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