En los últimos días, o semanas y meses, he leído en la prensa tres noticias relacionadas con la legislación francesa que define y penaliza delitos contra la democracia. Una de ellas gira sobre el espía francés Paul Aussaresses, que sostiene en un libro de memorias publicado recientemente, ‘Je n'ai pas tout dit', que generales brasileños ayudaron a Pinochet a perpetrar su golpe de estado. Sin embargo, este profesor de torturas no entrega demasiados detalles.
Según informó La Nación sobre la base de una nota publicada por la Folha de Sao Paulo, en diciembre de 2004 este espía fue condenado por el Tribunal Supremo francés "por complicidad en apología de crímenes de guerra y por defender en ese libro las torturas y otros abusos cometidos en la guerra de Argelia". El general fue pasado a retiro y le retiraron igualmente la Legión de Honor con la que había sido distinguido.
El viernes 4 de abril la presidencia de las comisiones de derechos humanos de las dos cámaras pasó a manos de la Alianza [la coalición de partidos de oposición de derechas y extrema derecha], como parte de un acuerdo sellado entre esta y la Concertación [la coalición de gobierno] el año pasado. La diputada Karla Rubilar, del partido liberal de derecha Renovación Nacional, presidirá la comisión de la Cámara Baja; el senador Andrés Chadwick, del partido de extrema derecha Unión Demócrata Independiente, la comisión de la Alta. Es la primera vez desde el fin del régimen militar que esas comisiones quedan en manos de partidos de la derecha. Y, aberrantemente, una de ellas -la del Senado- presidida por un senador de extrema derecha.
