La Ley de Bases del Medio Ambiente debe utilizarse en beneficio del desarrollo del país y no de intereses económicos. Tal como establece su texto, su rol es prevenir la contaminación y la degradación de los recursos naturales. Para lograr este objetivo se requiere democratizar los actuales procedimientos para aprobar o rechazar las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos, considerar equitativamente a las comunidades afectadas y terminar con la discrecionalidad política que desvirtúa el espíritu de la ley ambiental y su fundamento constitucional.

El desarrollo económico de Chile depende fuertemente de la naturaleza. La explotación y exportación del

La Constitución Política de la República de Chile (1980) en su artículo 19 número 8, asegura a todas las personas el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, señalando que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, agregando que sólo la ley puede establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para protejer el medio ambiente.

Consagrado como un derecho fundamental, autónomo y desvinculado de otras garantías constitucionales relacionadas con él, como el derecho a la salud, y con las que a menudo se lo