La renovada discusión sobre derechos humanos y derecho internacional no ha empezado con la detención del ex fiscal Podlech. En realidad, pocos conocíamos a este señor cuando la Corte Suprema, hace unos meses, ordenó realizar un estudio técnico, a cargo de los ministros Sergio Muñoz y Héctor Carreño, después de constatar los fallos contradictorios en casos de violación de derechos humanos. La intención del nuevo presidente de la Corte Suprema, Milton Mujica, era uniformar la legislación al respecto "pues de no resolverse pueden seguir sucediendo casos contradictorios, es decir, algunos en que se falle según el derecho internacional y otros en que se absuelva a los acusados basados en el derecho penal" (La Nación).
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Que no somos iguales ante la ley es algo que sabemos, en Chile, desde que adquirimos uso de razón. La miseria, los abusos de las autoridades, la impunidad de los poderosos, los cotidianos maltratos a manos de las fuerzas de orden, las torturas y humillaciones de los pobres en comisarías y reparticiones públicas nos lo recuerdan a diario. Sin embargo, según nuestra Constitución, somos iguales ante la ley. Este principio no sólo es violado a diario por autoridades y jueces. Hace unos días, el Senado mismo acaba de confirmar, y establecer, por encima de la Constitución, que no somos iguales ante la ley. 
Todas las personas que sufrieron algún delito, deben pagar de su propio bolsillo un abogado que defienda sus intereses. 
