Aunque ustedes no lo sepan o no lo crean, en Chile aun existen leyes secretas y existen actos de autoridades que tienen el rango de no públicos, lo que significa que aunque solicitemos la información que se oculta, existe una potestad que ampara el mantener en reserva lo protegido.

Incluso más. Hasta hace unos años atrás existía una mal interpretación de las normas legales que permitían a cualquier jefe de servicio público que arbitrariamente creyera que una información sea mantenida en reserva, publicaba tan decisión en el Diario Oficial y listo! esta información estaba alejada de los ojos de terceros.

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Seré breve. Es conocido por todos mis contertulios que las sentencias de nuestros tribunales, C.A. y C.S. mayormente, son una fuente de lucro para empresas que las venden, sea de forma aislada o en un paquete de suscripción a su página Web. También es de conocimiento popular que la página Web del Poder Judicial tiene, en su base de datos, algunas sentencias (digo algunas, pues no son todas) y que el acceder a ellas es gratuito, pero no obstante lo anterior, el sistema de búsqueda que existe respecto de ellas (nombres de las partes, rol, etc.), coarta el derecho que nosotros -lo que aún no podemos sustentar el pago de una suscripción a una página Web- tenemos para acceder a esa información, -información que, por mandato legal es por regla general, pública,- pues al no contar con tales datos (rol de la causa, nombre de las partes, rol interno del tribunal, etc.), se nos hace imposible acceder a las causas, sea para fines investigativos, sea para fines educacionales u otros fines lícitos.

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