DESCARGA CARTA DE RECHAZO

Hasta las oficinas de la Corporaciñón de Fomento a la Producción (Corfo) llegaron esta mañana el presidente de la Fundación Progresa, Marco Enríquez-Ominami (Meo), junto a Vlado Mirosevic, presidente de ChilePrimero, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, y Ximena Cifuentes, del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff) para entregar una carta de rechazo a la venta de la participación que el organismo mantenía en cuatro empresas sanitarias, lo que calificaron como un “fraude” debido a las pérdidas económicas que significa para el Estado.

“Uno podría esperar que este Gobierno tomara buenas decisiones económicas, pero esta es una decisión arbitraria, sin fundamentos económicos. Hoy la Corfo se está deshaciendo del 40% de su patrimonio en un momento en el que necesitamos plata para la educación y la reconstrucción”, señaló Vlado Mirosevic, deChilePrimero.

Por su parte Sara Larraín fue más enfática: “El Gobierno está cometiendo un robo a los ciudadanos”. Según la ambientalista, la medida no respeta es el artículo 63, número 10 de la Constitución, que señala que los bienes públicos sólo pueden enajenarse con la aprobación del Congreso.

“Corfo, liderado por Hernán Cheyre, ha utilizado un subterfugio legal, cambiando el concepto de ‘activos y bienes públicos’ por ‘bienes públicos prescindibles’, para enajenar un capital de todos los chilenos”, afirmó.

Además aseguró que después del cobre, los servicios sanitarios son los activos más rentables que tiene el Estado. “El Gobierno de Piñera ha cometido un verdadero fraude vendiendo el mejor de los negocios. Ningún privado se hubiese desecho de esta empresa, por su rentabilidad”.

La representa del Codeff rechazó la venta del Lago Peñuelas (reserva de agua potable de la Región de Valparaíso) por su calidad de reserva de la biósfera, compuesta por el lago y La Campana, y zona de conservación de aves migratorias.

Meo, por su parte hizo hincapié en que la controversia pendiente es el tamaño del Estado. “Piñera hoy reniega de un dogma prometido en la campaña e invisibiliza el Estado, suponiendo que por la fuerza del mercado los chilenos van a obtener beneficios. Este un gobierno de gerentes”.

Consultado sobre la responsabilidad de la Concertación en el inicio de las enajenaciones, el ex parlamentario de este conglomerado indicó que la Concertación actuó de manera coludida con la derecha para debilitar le Estado.

“Uno establece una crítica muy ácida en contra de una persona que invisibiliza el Estado, pero no podemos desconocer que en los gobiernos anteriores se hizo un esfuerzo sistemático por debilitar el brazo que es el Estado”, explicó.

NUEVAS VENTAS

Hoy, Corfo anunció que recaudó $260 mil millones (unos US$ 564 millones) con la venta de las acciones que estaban en manos del Estado dentro de las empresas sanitarias de la región del Biobío (Esbbío) y de Valparaíso (Esval).

El comprador de los paquetes accionarios fue el banco de inversión LarrainVial, quien actuó en representación del fondo canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), que es la sociedad que actualmente controla ambas firmas con la mayoría de los títulos.

A estas ventas se suma la realizada hace casi un mes de la participación que Corfo mantenía en Aguas Andinas, hecho que concretó el anunciado proceso de enajenación del 43,44% que poseía de la sanitaria Essbio, el 29,43% de Esval y el 45,46% de Essal.

“Los 500 millones de dólares que hoy se anunciaron son irrisorios para los desafíos de Chile. ¿Dónde están los mil economistas de Tantauco? Yo hubiese esperado que, al menos uno de ellos, hubiese levantado la voz diciendo que enajenar las sanitarias de es irracional económicamente”, señala Meo.

Y, claro, si según Larraín los 500 millones de dólares corresponden a menos de 3 años de ingreso de lo que habríamos obtenido de las rentas que estas empresas daban anualmente, “por eso, este es un fraude”.

Los representantes de las organizaciones anunciaron que de mano de un conjunto de senadores preparan acciones con objeto de mostrar la inconstitucionalidad de la privatización, por la no consulta al Parlamento. Además, el vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, será citado al Congreso para explicar los motivos de la venta.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano

Ambos dirigentes políticos solicitaron al Presidente Sebastian Piñera que cumpla su compromiso de campaña: “El Estado debe ofrecer un mecanismo que por una parte regule las uniones de hecho y a su vez entregue reconocimiento a una opción sexual legítima y que debe ser respetada por todos los chilenos”, afirmó Mirosevic.

En la oportunidad, Mirosevic y Plaza realizaron una propuesta para agilizar el sistema legal una vez que el Acuerdo de Vida en Común entre en vigencia. En la actualidad, el Registro Civil demora 90 días para celebrar matrimonio civil entre una pareja, plazo que se extendería si se tiene en consideración la posibilidad de que 2 millones más de parejas celebren un contrato ante dicho servicio una vez que se apruebe el Acuerdo de Vida en Común. Por tal motivo, el edil de Cerro Navia propuso que dicho acuerdo civil también pueda ser celebrado ante ministros de fe de las Municipalidades, tal como ocurre en Francia o Estados Unidos.

Dicha propuesta tiene por objeto que más parejas celebren matrimonio o uniones civiles y que estas pasen a ser relaciones vinculadas con el territorio, es decir, que una pareja de Cerro Navia celebre dicho contrato en Cerro Navia, y sería la Municipalidad la encargada luego de informar al Registro Civil. Según dijeron, aquello significaría tener un sistema más expedito que promueva la formalización de las parejas.

Por su parte, Mirosevic emplazó a la UDI, a no tener cegueras en esta materia, afirmando que “ellos deben comprender que los compromisos de campaña hay que cumplirlos y que Chile participa de un mundo global, donde condición fundamental es respetar los estilos de vida y las opciones de las personas. No hay otra forma de participar del siglo XXI”.

“Nosotros esperamos que se respete el consenso de campaña, que fue el Acuerdo de Vida en Común. Sin embargo, si la UDI pretende volver a su idea original respecto a esta materia, nosotros también podemos volver a nuestro anhelo original: matrimonio igualitario para parejas de cualquier sexo” sentenció el presidente de CH1.

El alcalde Luis Plaza se declara abierto partidario de que  parejas del mismo sexo puedan tener una legalidad que permita el respeto social y el reconocimiento del  Estado. “Mariconada es meterse en la cama de los chilenos y seguir actuando como si miles de personas del mismo sexo  no están optando por vivir juntos es querer tapar el sol con un dedo”.

Luis Plaza dio todo su apoyo a la propuesta de CH1.