Rafael Cárdenas

Meta para el Bicentenario: el liderazgo que nadie asume    

Me parece que la actual clase política, que a nadie representa, debiera entender que para recuperar el respeto ciudadano, hay que volver la vista a lo que nos hizo grandes como

Meta para el Bicentenario: el liderazgo que nadie asume    

Me parece que la actual clase política, que a nadie representa, debiera entender que para recuperar el respeto ciudadano, hay que volver la vista a lo que nos hizo grandes como

Meta para el Bicentenario: el liderazgo que nadie asume    

Me parece que la actual clase política, que a nadie representa, debiera entender que para recuperar el respeto ciudadano, hay que volver la vista a lo que nos hizo grandes como pueblo, devolviéndonos la dignidad de ciudadanos, aquello que nos permitió triunfar por sobre el poder omnímodo de la dictadura en el histórico plebiscito del 5 octubre de 1988, i.e., el deseo sincero de democracia y la participación ciudadana en su consecución.

Aquel triunfo representó una auténtica gesta popular, que se logró por el sistemático trabajo de los ciudadanos, quienes entendíamos que dicho 5 de octubre estaría llamado a marcar el inicio de un proceso de transición a la democracia, en el que el pueblo conservaría el mismo protagonismo que había dado tan buenos frutos.

Desgraciadamente, las dirigencias de los partidos concertacionistas prefirieron desvincularse de la ciudadanía y entrar en conversaciones con el Gobierno Militar, representado por su Ministro del Interior Carlos Cáceres, para obtener una reforma consensuada de la Constitución de 1980.

A poco andar, el Presidente Aylwin nos notificó que la Transición estaba concluida y que disfrutábamos de una democracia plena, en un acto de voluntarismo político que no convenció a nadie, la mejor prueba de lo cual, es que ha requerido ser reiterado una y otra vez por los diversos gobiernos que lo sucedieron.

La verdad es que todo lo que hemos vivido después, no ha sido sino un gigantesco autoengaño de la clase política.

En efecto, aunque nuestros políticos esquiven el bulto y pretendan hacernos sentir orgullosos de nuestra estable y asentada democracia, el hecho cierto es que la población no siente como propia ni menos se enorgullece de esta democracia de mentira, en la que no tiene ninguna participación real; en que sufrimos por varios lustros una representación senatorial minoritaria para la coalición con el mayor respaldo de sufragios; en que, pese ha habérsele otorgado el triunfo en cuatro elecciones presidenciales sucesivas a tal coalición, aún no hemos conocido propiamente el Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, sino el Cogobierno de aquélla con la coalición de derecha, merced al poder de veto que el antidemocrático sistema binominal otorga a la minoría; en que la Concertación de Partidos por la Democracia, no obstante haber contado con el respaldo ciudadano suficiente para ser más proactiva en la obtención de la democracia, ya en los inicios de la Transición prefirió alejarse de sus electores y hacer suya esta institucionalidad espuria e ilegítima, contra la que creíamos haber luchado.

Si la democracia se define como, "el gobierno de la mayoría con respeto de la minoría", ello no se corresponde para nada con el sistema político ideado por Jaime Guzmán e instituido por la dictadura en la Constitución de 1980, hecha suya -aunque no nuestra- por Ricardo Lagos en la reforma constitucional de 2005. El régimen ahi consagrado y cuya llave maestra es el antidemocrático sistema binominal, podría definirse como, "el cogobierno de la mayoría y la minoría con total desprecio por la ciudadanía". Ello, sin duda, no es democracia.

Esto es lo que sus partidarios han denominado, "Democracia de los Acuerdos" o "política de consensos" y que yo, ante lo que hemos conocido, prefiero motejar de, "Democracia de los Conciliábulos", totalmente contraria a un régimen democrático y generadora de una casta o élite sin contacto alguno con la ciudadanía.

Si hemos de seguir viviendo bajo esta institucionalidad heredada de la dictadura, sería más honesto de parte de esta élite política desvinculada de los gobernados que reformaran la Constitución para instaurar un ejecutivo colegiado binominal (donde podría darse, e.g., un consulado Lagos-Longuera). De este modo, el Cogobierno Alianza-Concertación que se nos ha impuesto desde 1990, dejaría de ser una burla constante de los resultados electorales y quedaría explicitado en las reglas del juego.

A propósito del sistema binominal, hay que destacar que éste no es propiamente un sistema electoral, ya que está diseñado para impedir que la mayoría electoral se vea reproducida como tal en el Congreso, mediante la sobrerepresentación de la minoría, con un consecuente empate de fuerzas, lo que es una burla de la voluntad del electorado. Por ello, más que un sistema electoral, representa un fraude electoral.

Y precisamente porque el binominal no constituye un sistema electoral, sino un fraude electoral, es que sus partidarios no logran ponerse de acuerdo al caracterizarlo dentro de los auténticos sistemas electorales. Así, mientras algunos suelen tildarlo de "mayoritario", otros lo motejan de "proporcional". Ello ocurre porque el binominal no está entre los sistemas electorales democráticos (que son proporcionales o mayoritarios, con sus diversas variantes, pero, todos ellos, con la característica común no menor de que siempre otorgan el triunfo a la mayoría y no lo impiden, como en nuestro caso), sino que representa una entelequia rara que sólo podría ser calificada de, "sistema electoral minoritario", lo que es en sí un contrasentido, pero, sin duda, también un éxito postrero de su autor, Jaime Guzmán, quien lo tramó en pro de la dictadura y la perpetuación de su legado, mediante el expediente de impedir el gobierno de la mayoría (nada menos que la materialización de la democracia) a través de la sobrerepresentación de la minoría (33%=66%), lo que le otorga a esta última un poder de veto frente a la mayoría, obligando al cogobierno -que es lo que hemos vivido hasta el presente- para evitar el inmovilismo.

Además de la distorsión de la voluntad ciudadana que se obtiene con este fraude electoral que representa el sistema binominal, hay que añadir que ella se ve acentuada debido a que el voto de la Región Metropolitana vale una fracción ridícula de aquel de regiones extremas, y, peor aún, se discrimina en el valor del voto dentro de la RM, por lo que aquel de las comunas populares vale, a su vez, sólo una fracción de aquel de las comunas acomodadas. (Esto fue materia en su momento de un recurso ante el antiguo Tribunal Constitucional, presentado por profesores constitucionalistas, entre los que recuerdo a Jorge Precht y Mario Verdugo, en las postrimerías de la Dictadura, por cierto rechazado). Lo anterior hace imprescindible -junto con la eliminación del sistema binominal- una reagrupación de los distritos electorales, por mucho que se opongan nuestros caciques.

Por otra parte, a aquellos que se desesperan por la falta de alternancia en el poder y que, no obstante la trágica experiencia de nuestro 11 de septiembre con todas sus secuelas, se permiten llamar al "desalojo" de la coalición gobernante, habría que recordarles que es la institucionalidad por ellos diseñada la que consagra el inmovilismo. Es nuestro sistema político ultra presidencialista consagrado en la Constitución de 1980 (exageración ad absurdum del régimen presidencial que conoció don Andrés Bello y al que motejaba como "una mala copia de Estados Unidos"), el que constituye una camisa de fuerza que no contempla salida alguna para el fracaso de un gobierno, como sí ocurre en las más perfectas democracias occidentales, de carácter parlamentario, en las que existen los muy civilizados mecanismos del voto de censura y el voto de confianza, merced a los cuales, se confirma la mayoría de la fuerza gobernante o bien ésta pasa a ser reemplazada por otra, sin que ello signifique ningún trauma, sino sólo la dinámica propia de un sistema de gobierno que refleja fielmente la voluntad ciudadana.

Si queremos una sana política de acuerdos, legítima y efectiva, démonos nosotros, los ciudadanos, el poder constituyente originario, una nueva Constitución y optemos por el sistema parlamentario (o semipresidencial, en su defecto), régimen político en el cual, lo que prima son los acuerdos para la formación de mayorías gobernantes, pero consumados por los legítimos representantes de la ciudadanía y no por élites políticas eternizadas en el poder gracias a una institucionalidad política ad hoc ideada bajo un régimen de facto y cuya llave maestra es el antidemocrático sistema binominal, sin que la ciudadanía con su voto pueda influir mayormente.

La derecha, igual de insensible al sentimiento nacional que la coalición gobernante, tampoco percibe que mientras sigamos en esta camisa de fuerza que representa la Constitución de 1980 para la genuina expresión democrática de chilenos y chilenas, seguirá siendo minoría, porque es la forma en que los ciudadanos expresamos nuestro rechazo a esta democracia de mentira, que no nos dimos nosotros soberanamente, sino que nos fue impuesta por una dictadura en una parodia de acto cívico, como fue el fraudulento plebiscito de 1980. En tanto que si tuvieran la audacia y el coraje de jugarse por el cambio de nuestro régimen político en una nueva Constitución Parlamentaria, originada en una Asamblea Constituyente que nos represente a todos, siendo un motivo de unidad nacional y no el factor de división actual, sin duda el panorama cambiaría y podrían empezar a pensar en ser gobierno.

Cuando defiendo y postulo la adopción del régimen parlamentario para nuestro país, me estoy refiriendo a lo que se entiende por tal en el Derecho y la ciencia política, que ciertamente no se corresponde con la experiencia posterior a la Revolución de 1891 en nuestro país, sino con aquellos actualmente experimentados con éxito en todos los continentes, si bien nacidos en Europa, sea en monarquías constitucionales (Reino Unido, España, Holanda, Suecia, Bélgica, etc.) o en repúblicas parlamentarias (Portugal, Alemania, Italia, Irlanda, etc.). En el Derecho, existe un aforismo que dice, "las cosas son lo que son y no lo que se dice que son", y la así llamada por nuestra historiografía República Parlamentaria, no era un régimen parlamentario con los mecanismos del voto de censura y el voto de confianza, así como la antigua República Democrática Alemana tampoco era una democracia.

Este régimen parlamentario que postulo debiera contemplar un Parlamento unicameral. Hay que destacar que la vigencia de la Constitución de 1980 ha conllevado el desprestigio permanente del Senado, primeramente, por la incorporación de los senadores designados, que significó una antidemocrática representación minoritaria para la coalición mayoritaria durante sus 3 primeros gobiernos. Luego y pese a su eliminación por la reforma constitucional de 2005, en la práctica, la institución de los senadores designados ha sobrevivido, merced al antidemocrático sistema binominal, que asegura un cupo a cada coalición, lo cual, unido a la opción de presentarse solo o "blindado" en la lista respectiva, asegura el asiento senatorial al margen de la voluntad ciudadana al "blindado" de turno (Allamand, Arancibia), por la sola designación partidaria previa. Por otra parte, también resulta del todo incoherente que se creen nuevas regiones que carezcan de representación senatorial, como ha estado ocurriendo últimamente. Tampoco se justifica la preservación de un Senado que cumple prácticamente las mismas funciones de la Cámara, aunque con una más pobre representación que aquélla en virtud de lo recién señalado. Finalmente, la preservación de la Cámara Alta sólo se traduce en una absurda actitud de nuestros representantes, que conciben el paso de la Cámara al Senado como una suerte de ascenso, con algún halo aristocratizante bastante ridículo.

Por todo lo señalado, me temo que mientras no arribemos -a través de una Asamblea Constituyente cuyos integrantes no puedan postularse en las primeras elecciones subsiguientes y no mediante una parodia de acto cívico como aquel fraude de 1980- a una Constitución que nos represente a todos, nuestra Transición seguirá en suspenso. Admitamos que la Transición a la democracia no ha concluido y que tampoco avanza hacia ninguna parte. Dejemos de idear más disfraces de democracia para una institucionalidad que no nos dimos nosotros ni nos representa, sino que nos fue impuesta por un régimen de facto.

En los albores del Bicentenario de nuestra República Independiente, estamos en el momento propicio para promover una institucionalidad que ponga fin a nuestra frustrada Transición y se nos presenta la oportunidad de optar por el régimen parlamentario de gobierno, la mejor y más acabada materialización de la democracia, con expresión en los 5 Continentes y que representa el canon de la Democracia Occidental, con la sola excepción relevante de Estados Unidos y su "patio trasero", lo que en nuestro caso adquiere forma en esta camisa de fuerza llamada Constitución de 1980.

Finalmente, digamos que el régimen parlamentario de gobierno, cuando se ha planteado, como ocurrió a principios de la década de los noventa, ha recibido un apoyo de carácter transversal entre nuestras fuerzas políticas, por lo que su proposición como la forma de poner feliz término a una Transición eterna, lejos de representar una idea peregrina, resulta mucho más realista que seguir disfrazando de democrática, con parches y más parches, una institucionalidad espuria e ilegítima que a nadie representa y que sólo puede avergonzarnos.

Este es el liderazgo que nadie asume y que está disponible para quien quiera hacerlo suyo, incluidas las fuerzas de derecha. Por ello resulta tan valioso el voto unánime del último Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, que contó con el decidido apoyo de estadista del ex Presidente Eduardo Frei, llamando formalmente a la adopción de una nueva Constitución, que ponga fin al presidencialismo de la Constitución actual y adopte un nuevo régimen político, con un Primer Ministro, que ejerza la jefatura del Gobierno, mientras el Presidente de la República conserva la jefatura del Estado, y ello junto con la adopción de un Parlamento unicameral.