Agricultores continúan diferendo en tribunales ordinarios.El Tribunal Constitucional (TC) decidió darle la razón al Consejo de Defensa del Estado -en representación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)- en una demanda presentada por un grupo de 160 exportadores de frutas, que alegaban inconstitucionalidad en los cobros aplicados por el organismo para entregar certificados de inspección y certificación fitosanitaria.Mediante el recurso de inaplicabilidad, los demandantes buscaban que el TC respaldara su posición respecto de que dichas tarifas constituían un impuesto o tributo, monto que, por tanto, debía ser regulado por ley y no por un decreto supremo. El monto, sostenían, era arbitrario.En
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