Patricio Herman, La Nación
Gracias a la Ley 20.285, que opera desde hace poco
más de un año, la ciudadanía tiene garantizado el derecho del libre
acceso a la información de carácter público que maneja la
administración del Estado. Para cumplir esta ley se creó el Consejo
para la Transparencia, organismo autónomo conformado por cuatro
competentes abogados, uno de los cuales renunció hace poco. Por nuestra
calidad de “clientes frecuentes” de esta instancia oficial que hace
valer la probidad y buenas prácticas en el aparato público, afirmamos
que a la fecha cumple a cabalidad su cometido, lo que es reconocido
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