El martes pasado el Senado de la República, aprobó un proyecto de acuerdo para enviar legisladores que actuaran como observadores electorales en la elecciones venezolanas del 26 de septiembre de este año, además de solicitar a la ONU, a la OEA y a diversos organismos internacionales que adoptaran “una actitud más vigilante con el cumplimiento de normas básicas por parte del Gobierno Venezolano que aseguren la integridad y la transparencia del próximo proceso electoral". La respuesta venezolana no se hizo esperar. El Consejo Electoral de ese país, la Asamblea Nacional (el parlamento unicameral) y el Gobierno, rechazaron con extrema dureza
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