Chile enfrenta hoy un creciente y complejo panorama de conflictividad social a causa de la competencia por agua entre sectores productivos, o entre estas y comunidades locales (muchas veces, pueblos indígenas). Esta situación, agudizada por los cambios climáticos que ya afectan al territorio chileno o por la sequía crónica que experimentan amplias zonas del Norte del país, deriva del marco legal y constitucional que impera sobre la gestión del Agua.
El Código de Aguas, instaurado dictatorialmente por el régimen militar en la década de 1980, define a los recursos hídricos como bienes dables de ser comercializados en el mercado del
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