Nadie discute la existencia de compatriotas que sufrieron apremios ilegítimos durante la dictadura, o fueron exonerados de sus puestos de trabajo y que ameritan algún tipo de reparación económica.
El problema radica en que el sistema ha permitido indemnizar a muertos que caminan y a muchos caras de nalgas que jamás sufrieron apremio alguno.
Peor aún, Ud., yo y todos los chilenos pagamos impuestos para que esto ocurra.
El doble estándar existente para evaluar y asignar indemnizaciones a victimas del Estado, señala que a los 45 conscriptos del Ejército, que cumplían con su deber patriótico de Servicio Militar
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