La justicia es un bien público –solemos afirmar– cuya provisión debe ser garantizada por el Estado. Bajo la perspectiva dogmática la gratuidad de la justicia tiene el estatus de un derecho fundamental. Debe ser gratis porque no es justo que las diferencias de tamaño entre los patrimonios de las personas marquen un mayor o menor acceso a la justicia. En consecuencia, establecer requisitos que obstaculicen el acceso a ella —por ejemplo las tasas judiciales, como también el arbitraje forzoso y la mediación previa obligatoria— despiertan fuertes cuestionamientos de constitucionalidad entre juristas. Es más, un tercio de los países latinoamericanos llegan
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