A estas alturas, el conflicto entre el movimiento estudiantil y el gobierno parece estancado (¿o resuelto?). De un lado, los estudiantes insisten en demandas cambios estructurales, reformas al sistema de financiamiento de la educación superior y fin al lucro, pliego que complementan con la des-municipalización y el fin del financiamiento compartido en la enseñanza escolar. El gobierno, finalmente, ha sincerado su posición pues ha debido presentar su propuesta de presupuesto al Congreso, en uno de los escasos momentos de la gestión pública donde es necesario desnudar intenciones y exponerlas al escrutinio social. Llegado a este punto, toda la estrategia y
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