La constitución
política de 1991 estipula que Colombia es un Estado Social de Derecho, cuyo
principio básico es proteger y asegurar el cumplimiento de los derechos
fundamentales de la población. Pretende un sistema penal de estilo Welfarista, según
el cual el propósito de la pena es la resocialización del criminal (Gargarella,
2008), así como se menciona en el art 4 del Código Penal “la pena cumplirá las funciones de
prevención general, retribución justa, prevención especial
, reinserción social y protección al condenado”.
Ahora bien,
creemos que la realidad colombiana sobre la verdadera función de la pena se
acerca más a un
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