Desde noviembre de 1994, la MINUGUA llevó a cabo labores de
verificación y reconstrucción de las instituciones en todo el país. Se
apostaron más de 250 supervisores, expertos legales, especialistas indígenas y
policías en toda Guatemala, incluidas las áreas más remotas. Su presencia y las
labores de verificación han centrado la atención pública en los derechos
humanos y en la cuestión relacionada de la impunidad, reforzando la tendencia
decadente en violencia política.
En 1996 se consolidaron las medidas destinadas a un cambio
democrático. Incluían una petición para la participación en las elecciones
presidenciales y la cesación unilateral de las hostilidades
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