por
Fernando Fernández Acevedo
El 7 de octubre pasado el Presidente de la República promulgó
una ley que tendrá importantes efectos en los consumidores: se trata de la ley que modifica las normas de procedimiento especial para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores.
La legislación en cuestión viene a corregir una situación que, en los hechos, había hecho de los juicios colectivos un instrumento que era sencillamente inútil.
En efecto, el problema yacía en un detalle no menor: los juicios colectivos, antes de entrar a discutir derechamente el fondo del asunto, debían cumplir con una serie
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