El 12 de mayo de 2007, Colombia se levantó “conmocionada” con la
noticia de la Revista Semana sobre las interceptaciones (“chuzadas
telefónicas”) sin orden judicial, o sea ilegales, realizadas por la
DIPOL, organismo de inteligencia de la Policía Nacional. Las
interceptaciones se realizaron a altos funcionarios del gobierno,
miembros de la oposición, a algunos de los paramilitares
“desmovilizados” recluidos en la cárcel de Itagüí, periodistas,
empresarios. Este hecho no solo afecta el
derecho al debido proceso
de aquellos que están siendo procesados o puedan ser procesados sino el
derecho a la intimidad (artículo 15), el derecho a la libertad personal
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