Los funcionarios públicos, como la Ministra Provoste son susceptibles de ser responsabilizados penal, civil, y administrativamente; y las autoridades de alto rango, además de todas las anteriores también pueden ser responsabilizados politicamente.Cada una de esas responsabilidades son por motivos distintos, y puede darse que una persona sea sólo responsable políticamente y no penalmente, o sólo administrativamente.En el caso de las subvenciones pueden existir las cuatro antes nombradas. En ese sentido, los tribunales de justicia son los encargados de examinar las responsabilidades civiles y penales, en cuyo caso, de existir, tienen aparejadas las sanciones de privación de libertad, sanciones pecuniarias, etc.La
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